El alcalde pedirá una rectificación a la diputada regional del PP Carolina Hernández y a RTV C-LM por las falsas acusaciones vertidas contra él. El Ayuntamiento de Hiendelaencina va a presentar una querella criminal por imprudencia contra la empresa que vertió gasóleo en el depósito de agua de una vivienda de la localidad y originó la contaminación de la red municipal de abastecimiento. Esta acción legal se plantea después de que la empresa se haya negado a hacer frente a sus responsabilidades a través de su seguro, según ha explicado el alcalde de la localidad,
Mariano Escribano. Por tanto, el Juzgado de Sigüenza tendrá que encargarse ahora de abrir diligencias para investigar los hechos y delimitar todas las responsabilidades de un caso que tiene a los vecinos sin agua desde hace mes medio.
Además, a título individual, el alcalde va a presentar hoy mismo un escrito solicitando a Radio Televisión de Castilla-La Mancha una rectificación de la información emitida el pasado martes, en la que le acusaban de haber causado la contaminación del agua por construir mal el depósito de agua desde donde el gasóleo pasó a la red municipal. Escribano ha explicado que él únicamente se encargó de construir la casa, y ha acreditado documentalmente que la instalación del depósito fue hecha por otra empresa, a la que es totalmente ajeno.
También va a plantear un acto de conciliación en el juzgado contra la diputada regional del PP de Guadalajara Carolina Hernández por varias afirmaciones inexactas vertidas ese mismo día a través de diversos medios de comunicación. Hernández aseguró que la licencia de la casa rural donde se produjo el vertido de gasóleo fue concedida por Escribano, cuando lo hizo un antecesor en el cargo, y también le responsabilizó de haber cometido “una ilegalidad”. En caso de que Hernández no rectifique, estudiará presentar una querella por injurias y calumnias, que sería ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por su condición de aforada.
El alcalde también ha salido al paso de diferentes manifestaciones hechas por responsables del PP de la provincia, y ha aclarado que la contaminación del agua fue comunicada al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el mismo día que ocurrió, un sábado, y el lunes por la mañana se comunicó a los responsables de Sanidad, en cuanto acudieron a trabajar. De hecho, al día siguiente ya acudieron varios técnicos a recoger las primeras muestras. Por tanto, es totalmente falso que tardara cuatro días en hacer la comunicación, como han afirmado. “No se puede hacer más daño a un pueblo y a un alcalde por ser de otro signo político diferente”, ha afirmado.
Una persecución que no es casual
El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha querido transmitir su respaldo al alcalde de Hiendelaencina frente a “una verdadera persecución, que no es casual”, porque fue uno de los alcaldes que logró doblegar a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, cuando intentaron cerrar varios servicios de urgencias en la provincia, entre ellos el de Hiendelaencina. “Como ha podido con la sinrazón y la crueldad y ha defendido a sus vecinos, el precio es la persecución y el linchamiento político”, ha afirmado.
Bellido ha reclamado el apoyo de la Junta de Comunidades y de la Diputación de Guadalajara para resolver cuanto antes el problema de la contaminación de la red de agua de Hiendelaencina, que pasa por delimitar las zonas afectadas por el gasóleo y sustituir las tuberías. “Los vecinos quieren soluciones, pero quienes pueden darlas y no quieren son la Junta de Comunidades y la Diputación. ¿Es que alguien puede esperar que un ayuntamiento de un pueblo pequeño y sin recursos puede resolver solo este problema, que no ha causado el pueblo ni el alcalde, sino que se lo han causado?”, se ha preguntado.
Aunque finalmente los responsables de la contaminación tengan que hacerse cargo de los costes, el proceso se puede dilatar durante años en los tribunales, un tiempo que los vecinos no pueden esperar. Sin embargo, la presidenta de la Diputación y del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, ya ha manifestado su rechazo a la petición de ayuda del Ayuntamiento para anticipar el coste de los análisis –cuyo importe supera ya los 7.000 euros– y la sustitución de las tuberías, que puede ascender a varios cientos de miles de euros. “Me dijo que pidiera un crédito”, ha señalado Escribano, pese a que manifestó a Guarinos su compromiso de devolverlo íntegramente una vez que los responsables pagaran las indemnizaciones fijadas por el juzgado.