lunes, 7 de abril de 2014

NUEVO ATAQUE DE LOBOS AL GANADO DE LA SIERRA NORTE Y ALTO TAJO

En lo que llevamos de año se están produciendo ataques de lobos con demasiada frecuencia, tanto en la zona de la Sierra Norte como en la Zona del alto Tajo, los ganaderos de ambas zonas están ya cansados de que la Administración no haya solucionado el problemas de los daños, ofreciéndoles a veces ayudas o subvenciones que no cubren los daños ocasionados. 


Del mismo modo, queremos aclarar que las subvenciones o ayudas ofrecidas en ningún caso son, como se ha apuntado desde algunas asociaciones de ganaderos, “indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración” y que no compensan el verdadero daño sufrido por los ataques, que comprende “tanto el daño emergente como el lucro cesante”. 

Ante la desidia de la Administración, los ganaderos del Alto Tajo afectados han anunciado que ya han iniciado los trámites para instar a reclamar los daños sufridos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organismo que, según la reciente sentencia de la Sala Tercera, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 2013, es responsable, teniendo en cuenta, tal y como señala la resolución judicial, que “ (los lobos) se trata de especies animales que gozan de singular protección, por la concurrencia de un interés público relevante como es el medio-ambiental para la conservación y protección de la especie, ello determina que los particulares no puedan adoptar sus propias medidas, pues corresponde a la Administración adoptar aquellas más adecuadas para la conservación del "canis lupus" en esa zona”, concluyendo que “no puede, por tanto, excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992”. 

Desde la Plataforma Sierra Norte animamos a todos los ganaderos de la Sierra Norte y del Alto Tajo afectados y que sufran ataques del lobo a que reclamen los daños a la Administración, primeramente en vía administrativa y, agotada ésta, por la judicial, antes de que transcurra el plazo de un año desde el ataque, para lograr que, al igual que ya está ocurriendo en la vecina región de Castilla y León, cobren las indemnizaciones que verdaderamente les corresponden.