lunes, 27 de enero de 2014

Las multas que el Alcalde de Guadalajara puso a los conductores del Plan Astra, declaradas ilegales por los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, declara ilegales las 1.225 multas que el Alcalde de Guadalajara puso a los conductores de los autobuses del Plan Astra en el año 2010, con las que el alcalde intentó boicotear este servicio intermunicipal de autobuses prohibiendo las paradas en el hospital de Guadalajara y en la calle Francisco Aritio. Esta sentencia es consecuencia del recurso interpuesto por Román a otra sentencia, que ya emitió el Juzgado Número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara en abril de 2011, en la que también se declaraban ilegales las multas.



La sentencia del TSJ se emitió en julio de 2013 y Román aprobó un decreto de Alcaldía en octubre por el que dictaba el sobreseimiento de todas las multas impuestas a los conductores. “Sin embargo, pese a que los tribunales le han dicho dos veces que actuó de espaldas a la legalidad, hemos estado esperando varios meses a que el alcalde le contara esto a la opinión pública, cosa que no ha hecho”, ha denunciado Daniel Jiménez.

El viceportavoz socialista considera que “esto es un nuevo motivo para volverle a pedir a Román que dimita”, porque “no se puede tener un alcalde que actúa ilegalmente, que está permanentemente instalado en la ilegalidad en temas fundamentales como fue poner 1.225 multas a conductores inocentes, trabajadores que estaban prestando un servicio público, con el único fin de boicotearlo por intereses partidistas, o como ha ocurrido con el megacontrato”.

Por tanto, “exigimos a Román que pida perdón a los conductores y a los miles de ciudadanos damnificados que tuvieron que dejar de coger los autobuses del Plan Astra porque llegaban tarde a su trabajo, al tener los vehículos parados mientras la policía local ponía las multas, que pida perdón a las familias de los conductores que estuvieron amenazados de tener que hacer frente a multas personales por importes de hasta 10.000 euros, y que pida perdón a los municipios que colaboraron para sacar adelante el servicio y él lo boicoteó”, ha dicho Jiménez.

El edil socialista ha insistido en que “Román no puede seguir así, en el caso del megacontrato el tribunal administrativo también le dijo que era ilegal lo que estaba haciendo, el alcalde no puede estar permanentemente de la mano de intereses partidistas y empresariales y yendo en contra de los intereses de los ciudadanos”.