El Grupo Socialista, de acuerdo con un buen número de municipios de la provincia, va a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el PP y Ciudadanos el pasado 29 de diciembre en el pleno de la Diputación, que en la práctica supone la disolución de la Asamblea General del Consorcio Provincial de Residuos y deja a los ayuntamientos sin voz ni voto en este organismo. Respaldado por la presencia de alcaldes y concejales, el portavoz socialista, Julio García, ha calificado esta mañana de “atropello” esta decisión, “que vulnera los derechos de los municipios, vulnera la ley y es nula, puesto que se adoptó sin los informes jurídicos necesarios”.
Según ha recordado, la Asamblea General del Consorcio de Residuos reunida el 29 de octubre rechazó la autodisolución que planteaba el Equipo de Gobierno de la Diputación. Sin embargo, en vez de aceptar la voluntad de los ayuntamientos, el PP decidió llevar la propuesta al pleno de la Diputación, donde logró imponerla con el apoyo de Ciudadanos, pese a que ningún informe jurídico avala la competencia del pleno para rectificar la decisión que había tomado previamente la Asamblea General.
“Como el acuerdo que tomaron los municipios no fue de su agrado, lo que hicieron fue ignorarlo y adoptar otro en sentido contrario”, ha explicado García. “Es una burla que hagan esto quienes pretenden hacernos creer que apuestan por la regeneración democrática y la participación. El PP y Ciudadanos son responsables de que los pueblos se hayan quedado sin voz ni voto en los dos consorcios provinciales”, ha agregado. En el Consorcio de Bomberos, el PP impuso su criterio utilizando el voto ponderado que tiene la Diputación, pese a que la mayoría de los municipios también se mostraron en contra.
Lectura restrictiva
La modificación de los órganos de gobierno de los consorcios deriva de la reforma local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque la Diputación de Guadalajara ha hecho una lectura absolutamente restrictiva que no se ha producido en ningún otro lugar. En consecuencia, las asambleas generales, de las que hasta ahora formaban parte todos los municipios de la provincia, quedan reducidas a tan solo 12 miembros en el Consorcio de Bomberos y nueve en el de Recogida de Residuos. Fuera de ese reducido grupo de representantes –que además serán designados por los partidos políticos–, el resto no tendrá presencia en ningún órgano de decisión ni de participación, pese a que los consorcios gestionan competencias municipales.
“Esto significa que municipios que decidieron asociarse para gestionar un determinado servicio, miembros de pleno derecho del Consorcio que han nombrado legal y legítimamente a sus representantes, quedan ahora despojados de su derecho a participar en la toma de decisiones. Y ese derecho está amparado por la ley”, ha asegurado García. No podrán decidir, por ejemplo qué tipo de servicios se prestan o qué cuota debe pagar cada ayuntamiento para sostener el Consorcio de Bomberos.
Para el portavoz socialista, los cambios que impone la reforma local son totalmente compatibles con el respeto a los derechos de los municipios. “Otros consorcios, también afectados por la misma ley, han modificado sus estatutos haciendo justo lo que nosotros proponemos: aplicar las restricciones en el número de miembros del Consejero o de la Junta de Gobierno, pero mantener la Asamblea General con todos los representantes municipales. Tenemos ejemplos en Alicante, Zamora, Valencia o Ciudad Real. De lo que no tenemos ejemplo es de lo que se ha empeñado en hacer el PP en Guadalajara, con el respaldo de Ciudadanos”, ha afirmado.
No cumple la normativa
Además, el recurso que va a presentar el Grupo Socialista, que deberá tener respuesta en el plazo de un mes, señala que la normativa de Régimen Local referida a los consorcios indica textualmente que “sus órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos”, algo que no se cumple con la modificación impuesta por el PP.
Por último, García ha indicado que el PP introdujo a última hora –“fruto de la presión y de su mala conciencia”– la posibilidad de crear lo que llama un “órgano de representación” en el que sí podrán estar todos los municipios. Sin embargo, ha precisado que el Grupo Socialista rechaza esta propuesta porque carecería de competencias y sería meramente informativo, “convirtiendo a los municipios en convidados de piedra y meros espectadores de la gestión de sus propios intereses”.