martes, 3 de noviembre de 2015

El Consejo de Gobierno comienza a tramitar la formalización de la renuncia a las condiciones que la Ley de Gobierno establece para los expresidentes de Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a tramitar este martes la formalización de la renuncia de los expresidentes de Castilla-La Mancha a las condiciones que la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha les reconoce en los artículos 9 y 41.3.


Se da cumplimiento así al anuncio que el jefe del Ejecutivo regional Emiliano García-Page realizaba hace unos días en sede parlamentaria cuando trasladó que el Consejo de Gobierno plantearía al expresidente Bono que formalizara su petición de renunciar a los derechos reconocidos a los expresidentes en la Ley citada, así como al expresidente Barreda y a la expresidenta Cospedal, con el fin de que este órgano adopte las medidas oportunas en el orden administrativo y presupuestario.

Los citados expresidentes han anunciado, por diferentes medios, su voluntad de renuncia a los derechos de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aunque el Consejo de Gobierno no tiene constancia formal de éstas.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha acordado encomendar al vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la tramitación de los correspondientes expedientes de renuncia que deben hacerse “de modo fehaciente y formal, debiendo ser presentadas por escrito ante cualquier oficina de registro público de la Administración Regional”.
Asimismo, ha acordado elevar al Consejo de Gobierno las propuestas que procedan sobre necesidades de protección por razones de seguridad personal referidas a quienes han ejercido el cargo de Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado además su intención de abrir un debate en el que todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes regionales aborden por consenso la modificación de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo.
Asimismo, ha mostrado su deseo de que esta modificación se traslade al resto de parlamentos autonómicos así como al Congreso y al Senado al ser éste un asunto que trasciende a territorios y partidos políticos.